En sesión de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, presidida por la diputada Mirna Medina e integrada por las y los congresistas Jedsabel Sánchez, Irma Reza de la Cruz y Humberto Montero de Alba, se aprobaron diversas iniciativas encaminadas a fortalecer los marcos normativos en materia familiar y de derechos humanos.

El primer dictamen aprobado propone reformas a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, el Código Civil y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar. Esta iniciativa, presentada por el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, busca fomentar la corresponsabilidad de madres, padres o tutores, sustituyendo las sanciones punitivas por medidas restaurativas, educativas y comunitarias, con el fin de promover el acompañamiento familiar y prevenir la reincidencia en faltas administrativas cometidas por niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se aprobó la reforma al artículo 330 del Código Civil del Estado, propuesta por el diputado Amisadai Castorena Romo, cuyo propósito es facilitar el acceso de las personas adultas mayores a su derecho de recibir alimentos y atención integral. Se plantea que, además de la alimentación, se garantice atención geriátrica y oportunidades de sano esparcimiento, procurando su integración plena a la vida familiar.

También se avaló la reforma al artículo 13 y la adición del Capítulo XXI de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, denominada “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación”, presentada por la diputada Beatriz Montoya Hernández. Su objetivo es garantizar un acceso seguro, equitativo y formativo de las infancias a las nuevas tecnologías.

Finalmente, se aprobó una reforma al artículo 5 de la Ley para la Protección Especial de las Personas Adultas Mayores, también impulsada por la diputada Montoya Hernández, con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos patrimoniales de este sector de la población.

Todas las iniciativas aprobadas fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para continuar su proceso legislativo. La comisión también aprobó su Plan Anual de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.