El ayuntamiento de Uruapan despidió de su base laboral a Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, a nueve días de acudir a la fiscalía de Michoacán para denunciar con elementos documentales supuestos vínculos y protección de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz García, a Samuel García Rivero, funcionario municipal que filtró la agenda privada del extinto edil al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Yesenia Méndez confirmó en sus cuentas de redes sociales que su despido le fue notificado este martes, de forma verbal y por un empleado de la Secretaría de Administración del ayuntamiento, donde se desempeñaba como asesora jurídica con una base laboral que le fue asignada en 2021, tras haber ingresado a laborar al gobierno municipal en 2017.

“Este despido ocurre después de que decidí ejercer mi derecho a decir lo que sé y a ampliar mi declaración ante la fiscalía, en relación con mi vínculo laboral con el C. Samuel García Rivero, y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su relación, tanto laboral como personal, con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García”, señaló.

Méndez Rodríguez reiteró que Samuel García fue contratado en octubre del 2025 por Carlos Manzo, a petición de Grecia Quiroz, por lo que fue integrado al despacho del alcalde uruapense, pero meses antes del asesinato de Manzo, Rodríguez fue despedido por incumplir sus labores, a causa de supuestas adicciones a estupefacientes.

Agregó que Samuel García no laboraba en el ayuntamiento al momento del asesinato de Carlos Manzo, pero después del homicidio fue recontratado con un salario de 70 mil pesos mensuales como Director de Protocolo y Relaciones Públicas, por la propia Grecia Quiroz, cuando esta tomó posesión como alcaldesa sustituta de Uruapan.

“Resulta legítimo preguntar: ¿Por qué, una vez que Grecia Quiroz García asumió la Presidencia Municipal, Samuel García Rivero volvió a ocupar un cargo dentro del ayuntamiento, específicamente como Director de Protocolo, y por qué recibió consideraciones que deben ser explicadas públicamente? Entre ellas, un salario de 70 mil pesos mensuales, cantidad que consta en recibos de nómina y que lo colocó, en ese momento, entre los funcionarios municipales con mayor remuneración”, cuestionó Yesenia Méndez.

La exsecretaria particular de Carlos Manzo afirmó que la ampliación de su declaración ante la Fiscalía es para que las autoridades resuelvan el asesinato del exalcalde, con pruebas y no con “guerra sucia” o “campañas de opinión”.

“Una investigación de esta naturaleza no puede resolverse con entrevistas, etiquetas de “guerra sucia” ni campañas de opinión. Se tiene que resolver con pruebas. Yo no estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que se investigue. No estoy condenando a nadie. Estoy exigiendo que la autoridad determine la verdad. Y tampoco voy a permitir que mi despido sea utilizado para intimidarme o para hacerme guardar silencio”, sostuvo.

Grecia Quiroz descalificó el inicio de esta nueva línea de investigación por parte de la fiscalía de Michoacán, al cuestionar que Yesenia Méndez tardó nueve meses en ampliar su declaración.

Incluso, Quiroz García acusó sin presentar pruebas que Samuel García le había confesado que mantenía una relación con Yesenia Méndez, situación que ha sido desmentida en diversas ocasiones por la exsecretaria de Carlos Manzo.

El pasado viernes 28 de agosto, la fiscalía también requirió por tercera vez el teléfono celular de Carlos Manzo a Grecia Quiroz, quien se ha negado a entregarlo para un estudio pericial, en busca de posibles amenazas, argumentando desconfianza en las autoridades, aunque la alcaldesa ha publicado imágenes de reuniones con funcionarios como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, e Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la fiscalía de Michoacán.

La fiscalía de Michoacán y autoridades federales han detenido a un total de 31 personas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, entre quienes se encuentran siete de sus escoltas, investigados por su falta de actuación al momento del ataque.

José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército y entonces jefe de escoltas de Carlos Manzo, se encuentra prófugo de la justicia.

El resto de los requeridos forman parte de la célula del CJNG que realizó el asesinato, entre quienes destaca Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1” (presunto autor intelectual) y Jorge Armando Gómez Sánchez, alias «El Licenciado» y/o “El Contador”, líder regional en Michoacán de esta organización criminal y considerado por la fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

Otro detenido es Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, “El K-OZ”, jefe de plaza del CJNG y quien se encuentra debajo de “El Licenciado” en el organigrama criminal.

A ellos se suma la detención de Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien habría compartido la agenda privada del alcalde al CJNG.

El resto de los detenidos son los taxistas Ricardo Cliserio «N», Alan «N» y Josué Elogio -o Eulogio- “N”, así como los presuntos narcomenudistas Ulises «N», Gerardo “N” y Flor “N”. Estos dos últimos fungían como mensajeros entre “El Licenciado” y los demás implicados en el atentado.

También está detenido Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, «El Congo», responsables de reclutar a Ramiro «N», Víctor Manuel Ubaldo y a Fernando Josué «N», sujetos armados que perpetraron el homicidio y que días después fueron asesinados por el CJNG. Los dos últimos fueron reclutados en un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan.

Otros tres detenidos son María «N», Salvador «N» y Marcelina «N», quienes además son la concubina, cuñado y suegra de «El K-OZ».

El resto de los detenidos son el taxista Rafael “N”, alias “La Aurora”; Wendy Fabiola «N», alias «La Tía» y operadora de “El Congo”; Héctor Hugo, alias «Manuel» y agente de la Policía de Investigación (ministerial); así como Juan Luis «N», alias «El Comandante Gary» y elemento de la Guardia Civil (Policía Estatal). De los cinco detenidos restantes, las autoridades no han revelado sus identidades.