Trece elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por el asesinato de dos menores, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, ocurrido en mayo de 2025 en Badiraguato, Sinaloa. El caso es acompañado legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que informó que los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio contra otros cuatro integrantes de la misma familia.
De acuerdo con las investigaciones, un convoy militar disparó más de cien veces contra la camioneta en la que viajaban las víctimas, en un hecho que inicialmente fue presentado como un enfrentamiento. Sin embargo, las pruebas apuntan a un uso letal de la fuerza injustificado. La Fiscalía presentó elementos que señalan una actuación dolosa por parte de los uniformados, mientras que la defensa argumenta que actuaron en un contexto de violencia en la región.
La organización denunció además irregularidades en el proceso, como la apertura de una investigación paralela en la jurisdicción militar, lo que consideran contrario a estándares internacionales en casos de violaciones graves a derechos humanos. El caso ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y la necesidad de garantizar justicia en delitos cometidos por fuerzas armadas.
