El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) advierte que el 43% de los ataques contra periodistas y personal de medios de comunicación en México tienen posible relación con funcionarios públicos. Jesús Rey Fierro, presidente del GIDH y ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, enfatiza la urgencia de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país.
Según cifras oficiales del Mecanismo de Protección, se registraron 834 ataques contra defensores y periodistas entre octubre de 2012 y noviembre de 2023. De este total, 356 ataques se atribuyen a funcionarios públicos y 276 a actores no estatales, como grupos de la delincuencia organizada.
A pesar de estos números alarmantes, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solo logró 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas entre 2012 y diciembre de 2023. Esto incluye amenazas, robos, tortura y homicidios, con penas que van desde dos días hasta 50 años de prisión. Sin embargo, solo ocho condenas se obtuvieron por asesinatos de periodistas en el mismo período.
Fierro critica la disparidad en las cifras sobre homicidios de periodistas entre las autoridades federales, mencionando que la Feadle registró 86 asesinatos desde 2012 hasta diciembre de 2023, mientras que la Secretaría de Gobernación reportó 166 asesinatos hasta octubre de 2022, sin especificar cuántos estaban vinculados al trabajo de las víctimas.
Ante esta situación, Fierro urge al gobierno mexicano a tomar medidas para fortalecer el Mecanismo de Protección, incluida la asignación de recursos adecuados y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación efectiva para garantizar la integridad de los informadores.
Estas preocupaciones se suman a la reciente filtración de datos personales de periodistas en México, lo que ha generado la atención de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La situación es aún más alarmante a la luz del informe de Amnistía Internacional, que revela el asesinato de ocho periodistas inscritos en el Mecanismo de Protección gubernamental.
