La prohibición del vapeo creó un mercado negro atrás de Palacio Nacional. La prohibición total de los vapeadores y cigarros electrónicos en México dio paso a un mercado negro visible, activo y tolerado a solo unos pasos de Palacio Nacional. En pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum principal impulsora de esta legislación, los dispositivos se comercializan abiertamente en la vía pública.
Pese a que las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal contemplan penas de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 200 mil pesos para quien comercialice estos productos, la venta continúa a plena luz del día. Vendedores relatan que incluso policías acuden a comprar.
Investigaciones de la organización Defensores advierten que el contrabando de vapeadores, principalmente provenientes de China, está controlado por los principales cárteles. En la Ciudad de México, la Unión Tepito opera este negocio en alianza con mafias chinas, mientras que en destinos turísticos como Mazatlán el control recae en el Cártel de Sinaloa.
Colectivos y organizaciones civiles sostienen que la prohibición entregó un mercado multimillonario al crimen organizado, estimado en miles de millones de pesos. Alertan que, además de perder recaudación fiscal y control sanitario, el Estado facilita el acceso a vapeadores a menores de edad y ha permitido que las ganancias ilícitas financien estructuras criminales dedicadas a la violencia, la extorsión y el secuestro.
