A lo largo de esta semana, la obra del teleférico de Uruapan se ha convertido en punto de concentración de manifestaciones para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el domingo pasado.

Decenas de personas se apostaron en distintas estaciones del teleférico, donde realizaron pintas, lanzaron consignas, rompieron cristales, derribaron estructuras metálicas e incendiaron objetos.

El proyecto, aún en construcción, representa una inversión superior a los tres mil millones de pesos y ha sido señalado por sectores de la población como una imposición del gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

Anunciado en diciembre de 2022, el teleférico comenzó a construirse en febrero de 2023 bajo resguardo de cientos de policías estatales y pese a tres amparos judiciales que ordenaban la suspensión de los trabajos.

El conflicto se intensificó tras el asesinato del abogado Isidro Ramos, opositor al proyecto y principal promotor de los amparos, ocurrido el 29 de marzo pasado. Su muerte generó temor entre los habitantes que se oponían a la obra, ante la sospecha de que el crimen estuviera vinculado con su activismo.

Meses después, el 15 de septiembre, el alcalde Carlos Manzo decidió frenar las obras del teleférico como medida de presión tras el asesinato del policía municipal Vidal Brígido Guzmán. En ese momento, denunció corrupción en los distintos niveles de gobierno y la liberación constante de delincuentes por parte de las autoridades judiciales.

El acuerdo entre el municipio y el gobierno estatal permitió la reanudación de los trabajos, a cambio de una inversión adicional de más de 300 millones de pesos en infraestructura y el despliegue de 200 elementos de la Guardia Nacional en los accesos a la ciudad.

Sin embargo, el 8 de octubre, Manzo denunció en redes sociales que dichos elementos habían sido retirados, dejando a Uruapan “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”. Ese mismo día pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Veinticuatro días después, el alcalde fue asesinado, desatando una nueva ola de protestas en torno a una obra que desde su inicio ha estado marcada por la violencia, la desconfianza y la confrontación social.