Más de 80 organizaciones civiles, incluida la Alianza Mexicana contra el Fracking, cuestionaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre explorar una versión “sustentable” de la fracturación hidráulica. Aseguraron que, aunque el concepto suena viable en el discurso, en la práctica no existe evidencia que respalde un fracking sin impactos ambientales, por lo que consideran que representa un giro en la política energética del actual gobierno.
Las organizaciones señalaron que existen más de 2,300 estudios científicos que documentan riesgos asociados a esta técnica, especialmente en el uso y contaminación del agua. También advirtieron que alternativas como el uso de agua tratada o de mar han sido poco viables en otros países debido a sus altos costos, lo que limita su implementación real. Además, cuestionaron que la extracción de gas nacional sea suficiente para garantizar la soberanía energética.
Por su parte, Sheinbaum defendió la apertura a nuevas tecnologías de extracción con menor impacto ambiental, diferenciándolas del fracking tradicional, el cual reiteró que busca evitar. El debate se da en medio de la intención del gobierno de reducir la dependencia del gas importado y fortalecer la producción nacional, lo que ha reactivado la discusión sobre los límites ambientales y económicos de esta estrategia.
