La reforma a la Ley General de Salud establece como delito la venta, producción, distribución y almacenamiento de vapeadores, con penas de hasta ocho años de prisión y multas que van desde 11 mil hasta 226 mil pesos.

Durante la discusión en lo particular, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó la única de las 71 reservas que habían registrado los grupos parlamentarios, mismas que fueron retirándose conforme avanzó la sesión.

Monreal afirmó que su propuesta busca dejar claro que no habrá sanciones para usuarios o consumidores, sino únicamente para quienes participan en la cadena económica del producto: productores, distribuidores, comerciantes y quienes obtengan lucro indebido.

“El objetivo es desmantelar el mercado que obtiene ganancias millonarias en detrimento de la salud de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo. También reveló que recibió presiones de cabilderos que le pidieron retirar su reserva, pero aseguró que no cedió a sus argumentos.

La bancada de Morena avaló el dictamen con 224 votos a favor, uno en contra y 28 ausencias. El PVEM sumó 54 votos a favor, con un voto en contra del diputado Julio Javier Scherer.

En el Partido del Trabajo se registró una abierta división: el coordinador Reginaldo Sandoval sólo obtuvo 13 votos a favor, frente a 32 en contra y cuatro ausencias. El decreto fue turnado al Senado para su análisis.

El panista Federico Döring advirtió que la prohibición generará un “mercado negro de 26 mil millones de pesos”, señalando que Morena violentó criterios de la Suprema Corte sobre vapeadores. Desde su curul, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó: “¿Dónde los van a adquirir si está prohibido todo?”, en referencia a la posible expansión del comercio ilegal.

Por su parte, el priista Alejandro Domínguez pidió transparentar los nombres de los cabilderos que intervinieron en el proceso legislativo para “aclarar las acusaciones” y evitar especulaciones sobre presiones externas.