Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la responsabilidad de garantizar la seguridad de los candidatos recae en diferentes niveles de gobierno durante una conferencia matutina este martes. Mientras que el gobierno federal protege a los candidatos a la presidencia, las nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales son responsables de los aspirantes a puestos de elección local.
Hasta el día de ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recibido 23 solicitudes de protección de aspirantes, aunque no revelaron los nombres de los solicitantes por razones de seguridad. De estas solicitudes, tres corresponden a aspirantes a la presidencia, tres a gubernaturas estatales, siete al Senado y diez a diputaciones federales.
Rodríguez detalló el proceso para solicitar protección, que implica que los candidatos deben dirigirse al Instituto Nacional Electoral (INE), quien a su vez traslada la petición a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Guardia Nacional. Dependiendo del nivel de riesgo, se asigna una escolta con un número específico de elementos y vehículos.
El pasado 2 de febrero, el INE acordó con el gabinete de seguridad federal que será el receptor de las solicitudes de protección hechas por los candidatos que teman por su integridad durante el proceso electoral. Se estableció que el gobierno federal se hará cargo de la seguridad de candidatos presidenciales, a gubernaturas y al Congreso de la Unión, mientras que los gobiernos estatales y municipales serán responsables de los candidatos locales.
Este esquema también incluye la asignación de servicios de seguridad basados en zonas de riesgo, con criterios establecidos por las autoridades de seguridad. Se acordó la creación de un directorio de actores involucrados en el protocolo de seguridad y una mesa de ayuda central para casos urgentes.
