Jueces federales ordenaron entre 2018 y 2025 el desbloqueo de al menos 2 mil 836 cuentas bancarias con recursos por más de 32 mil millones de pesos, pese a sospechas de procedencia ilícita, debido a la aplicación de la jurisprudencia 46/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este criterio establecía que el congelamiento de cuentas solo era válido si provenía de solicitudes de autoridades extranjeras, lo que limitó las acciones de instancias nacionales como la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sin embargo, la nueva integración de la SCJN ya cuestionó y abandonó dicho criterio al considerar que obstaculizaba el combate al lavado de dinero e incluso vulneraba la soberanía nacional. Autoridades señalaron que esta interpretación permitió la promoción de miles de amparos que derivaron en el desbloqueo de cuentas sin un análisis de fondo, generando un impacto significativo en el seguimiento de recursos vinculados a actividades ilícitas.
