Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y exsenador del PT, fue inhabilitado tres años para ejercer un cargo público, confirmaron funcionarios del gobierno estatal el martes 9 de diciembre.

La secretaria de Honestidad y la Función Pública, Gabriela Monge Pérez, detalló en la conferencia de prensa del gobierno de Baja California que el exgobernador fue sancionado por el caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, el cual arrancó hace más de cuatro años.

«El día de ayer fuimos notificados de esta resolución, conlleva, como ya lo comentaron, una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y hay que recordar que estos asuntos son de inicios de la administración y ya estaba para resolución», afirmó Monge Pérez.

La titular de la dependencia añadió que además de Bonilla, otros exfuncionarios fueron sancionados, pero aseguró que podrán impugnar la resolución si así lo deciden.

En septiembre de 2021, los exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública de la entidad por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.

Después de ocho meses de la denuncia, el fiscal general del estado de Baja California, informó que citarían a declarar al exgobernador Bonilla por el caso del permiso de construcción otorgado para la planta fotovoltaica a Next Energy de México.

El gobierno de Baja California encabezado por Marina del Pilar denunció penalmente a Jaime Bonilla y a los exfuncionarios por daño al erario público que asciende a 12 mil millones de pesos, por los compromisos adquiridos con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, que no se logró concretar porque no adquirieron los permisos necesarios.

Adicionalmente, el también exsenador acumula al menos cinco denuncias en su contra por peculado y violencia política en razón de género en contra de su sucesora, la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.