La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la acción penal contra 10 exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en la contratación irregular de servicios de laboratorio para hospitales y unidades médicas del organismo.

De acuerdo con información publicada por Reforma, la Fiscalía anticorrupción solicitó programar una nueva audiencia inicial para imputarles el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y buscar su vinculación a proceso. La investigación está relacionada con seis contratos para realizar análisis clínicos, vigentes de julio de 2018 a junio de 2020, cuyo valor mínimo fue de mil 470 millones de pesos y el máximo de 3 mil 675 millones, incluido el IVA.

Según la FGR, los contratos fueron asignados directamente el 29 de junio de 2018, a partir de un estudio de mercado que únicamente consideró información proporcionada por las empresas participantes, sin consultar cotizaciones de otras fuentes.

Entre los señalados se encuentran Cecilia Tapia Mayans, exdirectora de Administración; Juan Carlos Larrieu Creel, exsubdirector de Infraestructura; Francisco Javier García Torres, exjefe de Servicios de Adquisiciones; Octavio Ernesto Alejo Nava, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios; Alexis Didier Vargas Macías, exjefe de Servicios, Normatividad, Control y Evaluación; e Iliana Judith Pérez Pacheco, exjefa de Auditoría para el Desarrollo y Mejoramiento de la Administración Pública de la Unidad de Control Interno.

También figuran Román René Valenzuela Gómez, subdirector de lo Consultivo de la Dirección Jurídica, y los excoordinadores administrativos Pedro Pablo Vera Maldonado, Marco Antonio Sánchez Altamirano y Eduardo Casarrubias Di Bella.

La nueva acción penal ocurre después de que, en julio pasado, el juez de control Marco Antonio González Cortázar determinó no vincular a proceso a los exfuncionarios, al considerar que la acusación de la Fiscalía presentaba omisiones y deficiencias. Sin embargo, no ordenó cerrar la investigación, por lo que la FGR pudo continuar con otras líneas de indagatoria y presentar nuevamente el caso ante un juez.