
Este miércoles, los gobiernos de Bahamas y Trinidad y Tobago expresaron su celebración ante la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos a favor de México en su demanda contra fabricantes de armas. El responsable de Seguridad Nacional de Bahamas, Wayne Munroe, señaló que la decisión reivindica al gobierno bahameño y destacó la importancia de una venta más responsable para evitar suministrar a compradores de paja.
Munroe mencionó que, si el caso avanza exitosamente a través del proceso de apelación y juicio, sentaría un precedente para otras naciones que busquen recursos similares. Por otro lado, el primer ministro trinitense, Keith Rowley, recibió con satisfacción la decisión de la Corte y subrayó la necesidad de que fabricantes y comerciantes sean más responsables para frenar el tráfico ilegal de armas hacia su país.
Trinidad y Tobago se sumó a la demanda mexicana, junto con otros países del Caribe, el año pasado por 10 millones de dólares contra varios fabricantes de armas de Estados Unidos. A finales de julio de 2023, el equipo legal del gobierno mexicano continuó los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston, después de que una demanda previa fuera desestimada en septiembre.
El gobierno mexicano, representado por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, había presentado una demanda en 2021 contra empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego, representadas por un abogado del expresidente Donald Trump. La demanda fue inicialmente rechazada, pero la ley de inmunidad a empresas armamentísticas no aplica si los daños ocurrieron en México.
Además, en el marco de otra demanda contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, la Corte de Distrito para Arizona ha fijado el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales. Esta segunda demanda se centra en la negligencia de puntos directos de venta de armas y constituye la segunda acción legal de México contra actores de la cadena de comercio de armas.