La diputada de Morena, Yazmín Villanueva subió a la tribuna de la Comisión Permanente donde exigió que “se sancione dónde haya simulación, porque sí mientras la ley exige sillas con respaldo, todavía hay empleadores que entregan bancos rotos o sin soporte, a escondidas y lugares dónde se amenaza a trabajadores si se atreven a sentarse”.

“Quienes pretenden seguir explotando, simulando o escondiendo las sillas cuando llega la inspección deben escuchar con claridad”, subrayó.

Villanueva consideró que “el tiempo de la indiferencia patronal terminó. El tiempo de las inspecciones sin consecuencia, terminó. El tiempo en que la salud del trabajador era sacrificable, terminó”.

“No venimos a pedir favores, venimos a exigir que se cumpla la ley, que se vigile, que se inspeccione y que se sancione dónde haya simulación”, apuntó la morenista.

Por ello, legisladores exigieron hacer efectivas las sanciones en contra de empleadores que no hayan cumplido con la llamada “Ley Silla”, que entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024.

De acuerdo a dicha legislación, las multas van de los 28 mil a los 282 mil pesos “por cada trabajador afectado, e incluso la suspensión temporal de operaciones en casos graves de reincidencia”.

La diputada Celia Fonseca, del PVEM resaltó que “proveer sillas con respaldo no es un beneficio accesorio se trata de una medida básica de prevención, pero no basta con que la silla exista: esta debe poder usarse”.

Laura Hernández, de Movimiento Ciudadano consideró que “para que todas las personas cuenten con un asiento, con una silla, para descansar en esas jornadas extremas, como es el caso de las policías de seguridad privada”.

“También las cuidadoras, los trabajadores de salud, las personas que están en tiendas departamentales, las dependientas, etcétera”, resaltó.

El dictamen de la Segunda Comisión de Trabajo y asuntos sociales de la Comisión Permanente se integró con dos proposiciones con punto de acuerdo para fortalecer las acciones de información, orientación y acompañamiento a la adecuada implementación de la reforma conocida como «Ley Silla».

Uno de los puntos de acuerdo fue propuesto el pasado 7 de enero por la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, quien mencionó que “ante la falta de información en centros de trabajo resulta conveniente que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ejecute una campaña informativa en la que se aclaren las principales dudas sobre los alcances de esta reforma”.

El otro, es del diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, quien recordó “que permanecer de pie de forma prolongada genera fatiga crónica y problemas circulatorios”.

“La STPS tiene la responsabilidad de vigilar, supervisar y promover el cumplimiento efectivo de las disposiciones privilegiando esquemas de inspección preventiva, capacitación y difusión de buenas prácticas laborales”, apuntó.

Cabe destacar que ante el anuncio por parte de autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para llevar a cabo las verificaciones en su Programa anual de inspección 2026, los legisladores plantearon que se llevan a cabo con “visitas sistemáticas y formales”.

Otro dictamen aprobado este lunes es sobre las proposiciones con punto de acuerdo en materia de procedimientos médico quirúrgicos de carácter estéticos en niñas, niños y adolescentes, que tiene como objetivo exhortar a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) “a continuar fortaleciendo la vigilancia, regulación y control sanitario de estos procedimientos”.

“Hoy enfrentamos un vacío legislativo que permite que menores de edad de 18 años sean sometidas y sometidos a cirugías estéticas de alto riesgo con el solo consentimiento de madres, padres o tutores, sin dimensionar las consecuencias que pueden acompañarles de por vida. Los riesgos a la salud son reales y diversos: desde infecciones y complicaciones posoperatorias hasta la pérdida de la vida”, indica el proyecto.

Los legisladores aprobaron el dictamen que “nos obliga a actuar y avanzar hacia la prohibición expresa de procedimientos médico-quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos en personas menores de edad”.

Ambos dictámenes fueron aprobados a mano alzada por los legisladores en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.