Descendientes de migrantes españoles residentes en la Ciudad de México manifestaron su inconformidad ante la decisión judicial que limita su participación en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre. Algunos afectados, nacionalizados mediante la llamada “ley de nietos”, denunciaron sentirse ciudadanos de segunda luego de que se les exigiera demostrar que sus antepasados migraron por motivos de exilio político para poder incorporarse al censo electoral.
La resolución del Tribunal Supremo español afecta a cerca de 160 mil personas que obtuvieron la nacionalidad por esta vía, mientras que alrededor de 190 mil hijos de nacionalizados sí recibieron autorización para votar. La disposición forma parte de la Ley de Memoria Democrática, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de quienes salieron del país entre 1936 y 1955 por razones relacionadas con la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Frente al consulado español en México, algunos afectados consideraron que la nacionalidad debería garantizarles los mismos derechos políticos que a quienes nacieron en España, mientras que otras personas defendieron que votar también implica mantener vínculos con la vida cotidiana y las obligaciones del país. La suspensión cautelar, promovida inicialmente por Vox, ha colocado a los consulados españoles en América Latina en el centro de la controversia electoral.
