Morena y aliados aprobaron en lo general con 348 a favor, el dictamen con reformas al Código Fiscal de la Federación para combatir la facturación falsa y el «huachicol fiscal».

Durante la sesión de este miércoles, la oposición emitió 130 sufragios en contra y hubo cero abstenciones.

El documento atacará “el uso indebido de comprobantes fiscales que no amparen operaciones efectivamente existentes o actos jurídicos reales, por lo cual serán considerados falsos”.

“La autoridad podrá presentar querellas contra los contribuyentes que emitan esos falsos comprobantes, por lo que el SAT podrá negar la inscripción en el RFC de las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes, participen en empresas vinculadas a la facturación falsa”.

El dictamen establece que “la autoridad también podrá verificar que el contribuyente cumpla con la veracidad de los comprobantes fiscales y podrá determinar si en efecto los está emitiendo”.

“Se establecen visitas domiciliarias con un procedimiento expedito para detectar y sancionar a los contribuyentes que emitan falsos comprobantes”, indica.

Se facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales con medidas como el uso de billetes de depósito y cartas de crédito como garantía del interés fiscal.

“Así como que las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza ya no tengan la obligación de presentar su declaración anual”, apunta.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano resaltó entre los cambios “el pago a plazos de las obligaciones, en beneficio de los contribuyentes dispuestos a regularizar su situación fiscal, pero que carecen de liquidez”.

“También se combate la comercialización ilegal de hidrocarburos, con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital, como la emisión de comprobantes fiscales sin clave de ingreso”, explicó.

Antonio Altamirano agregó que también “sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, que el permiso no esté vigente o sea distinto al otorgado por dicha entidad”.

“Se trata de incrementar la eficacia en la fiscalización, con la ampliación del plazo para realizar las notificaciones personales de tres a veinte días hábiles”, apuntó.

En su intervención, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández rechazó que estas reformas sean “para atacar al huachicol”.

“Este gobierno ha sido completamente ineficaz. Permitieron un daño al erario, al fisco, de 600 mil millones de pesos en huachicol fiscal, que la propia autoridad ya reconoció, pero también reconoció su poca falta de efectividad”, enfatizó.

El panista recordó que “tan solo han recuperado de esos 600 mil millones el 1%, menos de 6 mil millones de pesos. Y, por si fuera poco, nadie está tras las rejas. Ahí siguen libres los Farias Laguna, sigue libre el almirante Ojeda, exsecretario de Marina de López Obrador y, por supuesto, que sigue libre e impune Andy López Beltrán”.

Negó también que el dictamen sirva “para combatir a las factureras. Aquí hay un desfalco de más de 54 mil millones de pesos. Este Código Fiscal solo quiere castigar a los contribuyentes por simples errores, criminalizarlos, pero no hay ninguna corresponsabilidad del gobierno”.

“Ni profesionaliza, ni capacita, ni audita, ni castiga a los corruptos que están en su propio gobierno”, apuntó.

Téllez Hernández consideró que “también este Código Fiscal es terrorista, porque puede bloquear discrecionalmente los sellos digitales, por algún error humano o por algún retraso justificado en alguna declaración fiscal”.

“Es la muerte operativa de todos los negocios, cancelar de forma discrecional los sellos digitales. No podrán hacer operaciones comerciales”, aseveró.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Yerico Abramo Masso resaltó que “esta reforma está fundada en delitos que en su gran mayoría han cometido muchos de ellos servidores públicos”.

“Pero es más fácil crear una política de terrorismo que limpiar la casa y asumir que hay personalidades de la administración pública y de la política que son responsables de estos delitos”, expresó.

El priista se pronunció por “no más a los delincuentes de cuello blanco. No más a los políticos corruptos. No más a los servidores públicos corruptos”.

“Si queremos estabilizar las finanzas públicas de México, persigamos de origen el delito poniendo tras las rejas a quienes violentaron el sistema jurídico y fiscal de nuestro país”, apuntó.

En su posicionamiento, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez afirmó que “la reforma a diversas leyes fiscales, en especial al Código Fiscal de la Federación, tal como está planteada, lesiona derechos fundamentales de los contribuyentes”.

“Sobrecarga, contiene una sobrecarga de obligaciones a quienes cumplen y concentra un poder desmedido a la autoridad hacendaria”, alertó.

Nüñez Sánchez rechazó “la imposición de cargas administrativas y tecnológicas crecientes a los contribuyentes”.

“El paquete fiscal que se debate pretende que empresas y ciudadanos inviertan aún más tiempo, dinero y esfuerzo, en cumplir con nuevas exigencias burocráticas y digitales”, advirtió.

La diputada de MC reconoció “la importancia de la modernización tecnológica, pero no a costa de estrangular al contribuyente cumpliendo con trámites interminables y requisitos costosos”.

El morenista Alfonso Ramírez Cuellar dijo a la oposición que “muestran una ignorancia y una enorme mala fe: había un mercado que estaba con una ausencia inmensa de regulación fiscal”.

“La modernidad nos llevó al comercio electrónico, pero fue gracias a nosotros, que desde el 2019 empezamos la regulación fiscal de todas las plataformas dedicadas al hospedaje y al transporte”, añadió.

Ramírez Cuellar aseguró que “No hay ninguna vigilancia, no hay ninguna actitud de intromisión en la vida de las personas, lo único que queremos es una cosa elemental: cumplir con la ley para pagar nuestras contribuciones de acuerdo a las utilidades y a los ingresos que tenemos”.