Por unanimidad de 33 votos, incluidos de la oposición, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron expedir la nueva ley contra la extorsión, que busca sancionar de 15 a 25 años de prisión a quienes amaguen con cobro de piso, amenacen telefónicamente o intimiden a las personas a través de redes de control social.

Este dictamen aprobado será discutido en la sesión de mañana miércoles en el pleno del Senado. Durante la sesión de las comisiones esta noche, se hicieron diversos cambios a la minuta de la Cámara de Diputados; uno de ellos, para cambiar la penalidad prevista en la minuta de San Lázaro de 6 a 15 años de prisión, pues ello abre la posibilidad de que procesados por ese delito obtuvieran la libertad, al contemplar penalidades mayores en los estados.

Se fijó que la pena será de 15 a 25 años, y no afectan a las personas que actualmente purgan una penal, ya que la aplicación se regirá sobre las conductas cometidas al inicio de la vigencia de esta.

En cuanto a la ejecución de la pena impuesta a las personas responsables del delito de extorsión, no tendrán derecho a los beneficios de la libertad anticipada, sustitución, conmutación de la penal o cualquier otro que implique la reducción de la condena.

“A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de quince a veinticinco años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, mencionó el dictamen.

Las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en favor del dictamen. La senadora panista
Guadalupe Murguía cuestionó, sin embargo, que no se haya cuantificado un monto presupuestal que se requerirá para crear las unidades especializadas de combate a la extorsión, ni para capacitar a los operadores judiciales y operar el centro de atención a denuncias por extorsión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El morenista Javier Corral respondió que los recursos los deberá canalizar la Secretaría de Hacienda a través de ampliaciones presupuestales.

El dictamen aprobado contempla tres conjuntos de agravantes; uno de ellos, cuando la extorsión se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

También cuando se le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa, o cuando se cometa en contra de una o varias personas migrantes. También será una agravante cuando el pago de la extorsión se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, o se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo.

Además, la ley sancionará a quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, esto para evitar las llamadas de extorsión dentro de los penales.

Asimismo, contempla la reparación del daño para las víctimas, y se establece que los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas de dicho ilícito.