El Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley fiscal que contempla un gasto de casi 170 mil millones de dólares en políticas migratorias durante los próximos cuatro años. Esta legislación fue promovida por la administración del presidente Donald Trump y respaldada por la mayoría republicana en el Congreso.

De acuerdo con el contenido del proyecto, los recursos se destinarán principalmente a la contratación de más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como a la construcción de centros de detención y la ampliación del muro fronterizo. El presupuesto asignado a estas acciones representa un gasto ocho veces mayor al del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y 13 veces superior al de la Agencia Antidrogas (DEA).

Además del refuerzo operativo, la ley establece incrementos en los costos de trámites migratorios. La solicitud de asilo tendrá un nuevo costo de mil dólares, el permiso de trabajo se fijará en 550 dólares con vigencia de seis meses, y quienes tengan una solicitud de asilo pendiente deberán cubrir una cuota anual de 100 dólares. También aumentan los costos para apelar decisiones migratorias y para acceder al Estatus de Protección Temporal (TPS).

La legislación introduce un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas al extranjero, además de limitar el acceso de migrantes a beneficios fiscales y sociales. Se prohíbe el acceso al crédito fiscal por hijos para familias con al menos un integrante sin número de seguro social, se reducen los fondos federales de Medicaid a los estados que brindan servicios a personas sin estatus legal, y se restringe el acceso a seguros de salud con subsidio federal a ciertos grupos migrantes, incluidos aquellos con visas de trabajo o TPS.