El presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso una reforma a la ley de protección de glaciares con la que busca profundizar su política de desregulación económica y facilitar inversiones millonarias en el sector minero. El proyecto modifica la normativa vigente desde 2010, que prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, bajo el argumento de “ordenar el marco normativo” y fortalecer un esquema de federalismo ambiental alineado con la Constitución.
La iniciativa plantea que la protección se mantenga únicamente para glaciares y geoformas que cumplan funciones hídricas, cuya determinación quedaría en manos de las provincias. De acuerdo con el texto, todo glaciar incluido en el Inventario Nacional de Glaciares será considerado protegido sólo hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumple dichas funciones. Este cambio permitiría destrabar proyectos mineros estimados en más de 30 mil millones de dólares durante la próxima década, principalmente en cobre, oro y plata.
El gobierno de Milei apuesta a la minería como fuente clave de divisas para reforzar las reservas internacionales y enfrentar compromisos de deuda que en 2026 alcanzarán los 20 mil millones de dólares. No obstante, la reforma ha generado un rechazo frontal de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo a las reservas estratégicas de agua dulce. Greenpeace alertó que los glaciares y zonas periglaciares abastecen directa o indirectamente a cerca de siete millones de personas, además de sostener economías regionales enteras.
