Un juez federal de Estados Unidos ordenó que más de 100 migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado puedan impugnar su expulsión, tras considerar que no se les brindó la oportunidad de defenderse legalmente ante los tribunales.
El fallo fue emitido por el magistrado James Boasberg, quien concluyó que la administración del expresidente Donald Trump violó el debido proceso al deportar a estas personas bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, sin permitirles apelar su clasificación como enemigos del Estado.
La deportación masiva se llevó a cabo con base en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma poco utilizada en las últimas décadas. Según el juez, existen indicios de que varios de los migrantes no tienen relación con organizaciones criminales, y que algunos estarían encarcelados de forma injusta en una prisión de máxima seguridad salvadoreña.
Boasberg dio al gobierno un plazo de una semana para garantizar que los al menos 137 migrantes afectados puedan presentar reclamaciones legales, incluso desde su lugar de reclusión en El Salvador.
El caso se inserta en una controversia más amplia entre el Poder Judicial y la administración Trump en torno al uso de políticas migratorias extremas, que han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y por distintos sectores del sistema judicial estadounidense.
