En menos de una semana, el gobierno de Estados Unidos asestó una serie de golpes diplomáticos y financieros que sacudieron al gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo comenzó con las declaraciones de la DEA que confirmaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vigiló a sus agentes en suelo estadounidense; luego vino la revelación de audios sobre el caso Caro Quintero y, como cierre, las sanciones del Departamento del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de mover recursos para cárteles como el de Sinaloa y el CJNG.
Las advertencias escalaron cuando la fiscal Pam Bondi anunció la inclusión de México en la lista de adversarios extranjeros de EE.UU., a la par de Rusia, China e Irán, afirmando que el país está gobernado por los cárteles del narcotráfico. Además, la Fiscalía estadounidense aseguró tener grabaciones del interrogatorio a Kiki Camarena, que podrían agravar la situación jurídica de Rafael Caro Quintero y revivir controversias con implicaciones históricas y políticas profundas, incluyendo señalamientos indirectos a exfuncionarios del actual oficialismo.
La culminación llegó con la intervención temporal de las tres instituciones financieras mexicanas sancionadas, entre ellas Vector, relacionada con Alfonso Romo y donde también trabajó el actual secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien se vio obligado a reconocer problemas en sus líneas de financiamiento. La narrativa del gobierno mexicano ha oscilado entre el rechazo y la prudencia, pero el mensaje desde Washington es claro: la desconfianza crece y la presión se intensifica.
