Perú se sumó a la creciente lista de países latinoamericanos que recurren a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública ante el avance del narcotráfico, la extorsión y el sicariato. La medida genera preocupación por los riesgos para los derechos humanos y el fortalecimiento del poder militar.
El despliegue de soldados también se ha extendido en Ecuador, México y El Salvador. En Ecuador, la militarización permitió contener parcialmente los homicidios, pero estuvo acompañada de denuncias por abusos y desapariciones. En El Salvador, el régimen de excepción mantiene a los militares como protagonistas de la seguridad y ha generado miles de denuncias por detenciones arbitrarias.
México es presentado como uno de los casos donde más han aumentado las atribuciones militares. Desde 2006, las Fuerzas Armadas ampliaron su participación en seguridad, aduanas, infraestructura y operación de instalaciones. En contraste, Costa Rica mantiene un modelo basado en policías civiles, mientras Chile y Argentina muestran mayor resistencia a utilizar militares en funciones policiales.
