La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral de las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLE), desde el año 2000, luego de detectar posibles irregularidades en el ejercicio del gasto público. La investigación contempla adquisiciones realizadas por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y las autoridades electorales estatales.
De acuerdo con la ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, el análisis busca identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales. La revisión ocurre después de reportes periodísticos sobre presuntos conflictos de interés en licitaciones para adquirir material electoral y de los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar estos contratos, particularmente los realizados desde 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova.
En paralelo, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción relacionada con la gestión de Guadalupe Taddei. La denuncia sería de carácter general y buscaría deslindar responsabilidades; además, el instituto mantiene bajo revisión sus contratos, incluidos los de producción de credenciales, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
