Propietarios de tierras, ganaderos y empresarios de la región de Big Bend, Texas, presentaron una demanda contra los planes del gobierno de Donald Trump para construir un muro y nueva infraestructura fronteriza en esa zona.

La acción legal fue promovida por la organización Conserve Big Bend y seis propietarios, con el respaldo de otras personas de la región. El proyecto federal contempla una inversión de 46 mil millones de dólares para infraestructura a lo largo de unos 3 mil 210 kilómetros de la frontera sur, incluidos muros de bolardos de acero de hasta nueve metros de altura.

Los demandantes cuestionan que Big Bend sea considerada una zona de alta incidencia de cruces irregulares y sostienen que las obras podrían afectar áreas ambientales, arqueológicas y sitios de importancia indígena. La región concentra unos 804 kilómetros de frontera, pero representa alrededor del 1% de los arrestos por cruces irregulares, según las cifras citadas en la demanda.