Un grupo de 36 organizaciones feministas advirtió que la iniciativa presidencial para crear una Ley General contra el Feminicidio contiene 12 debilidades que podrían facilitar la impunidad, aunque también reconoció seis aspectos positivos. El análisis fue presentado mientras el proyecto permanece en el Senado, donde organizaciones y especialistas pueden entregar observaciones.

El principal riesgo señalado está en el artículo 10, que establece que, cuando no se acredite el feminicidio, se apliquen las reglas del homicidio. Las organizaciones consideran que esta disposición podría facilitar la reclasificación de casos de feminicidio como homicidio doloso, culposo o incluso suicidio, una práctica que, aseguran, ha contribuido históricamente a reducir el número de investigaciones por feminicidio. Por ello, plantean que cualquier reclasificación sea fundada y motivada, ocurra después de agotar las investigaciones de contexto y antecedentes de violencia, tenga control judicial y pueda ser impugnada por los familiares de la víctima.

Otro punto de preocupación es la inclusión, dentro del feminicidio, de asesinatos motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Las organizaciones consideran que estos casos deben contar con una legislación propia sobre delitos de odio, pero advierten que crear esta figura debe hacerse de manera simultánea para evitar que los homicidios motivados por discriminación queden sin una clasificación jurídica, registro y recursos específicos.

Las organizaciones sostienen que la nueva legislación debe fortalecer y no debilitar las herramientas jurídicas construidas durante años para investigar los asesinatos de mujeres. Entre sus demandas está establecer controles estrictos para evitar reclasificaciones injustificadas y garantizar que las familias puedan intervenir y recurrir las decisiones que modifiquen la clasificación de los casos.