Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron a la administración de Donald Trump por la nueva ronda de aranceles aplicada a importaciones provenientes de 60 países y economías.

Los gobiernos estatales argumentan que los gravámenes son ilegales y podrían elevar los precios para consumidores y empresas. La demanda fue presentada por fiscales generales de varios estados, entre ellos Nueva York, California, Arizona y Colorado.

Los aranceles, de entre 10% y 12.5%, fueron anunciados por la administración estadounidense bajo una investigación relacionada con prácticas de trabajo forzoso. Los demandantes cuestionan que ese argumento pueda utilizarse como fundamento para imponer gravámenes de manera generalizada.