El diputado federal de Morena Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, representante del Distrito 8 de Guanajuato y consejero del Poder Legislativo ante el INE, ha enfrentado diversas controversias públicas relacionadas con denuncias familiares y antecedentes partidistas. En 2019 fue suspendido temporalmente por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por un caso de violencia política de género, mientras que en 2025 su llegada al INE provocó que tres consejeras abandonaran la sesión en señal de protesta.
En los últimos meses, la principal polémica gira en torno a la activista Diana Luz Vázquez, quien mantiene un proceso legal por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia para una menor. La activista sostiene que el legislador no ha cumplido de manera suficiente con sus obligaciones, mientras que Prieto rechaza ser deudor alimentario, asegura cumplir con lo ordenado por las autoridades y afirma que no aparece en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. El tema volvió a cobrar relevancia cuando, durante una sesión del INE, el representante de Somos México, Marco Antonio Baños, lo señaló públicamente por este caso.
En medio de este contexto, uno de los señalamientos que más ha generado controversia pública es la presunta compra de una camioneta de lujo marca BMW, modelo X5, atribuida al legislador para su pareja. El caso cobró fuerza luego de que en redes sociales circularan fotografías del vehículo estacionado y en uso, así como imágenes donde se le vincula con la supuesta entrega del automóvil. Estas publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate digital, en el que usuarios cuestionaron la congruencia entre el nivel de gasto atribuido al diputado y las acusaciones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
El clima en redes sociales se tornó especialmente crítico, con señalamientos de presunto lujo excesivo y cuestionamientos sobre el origen de los recursos, mientras que otros usuarios defendieron al legislador argumentando que se trataba de ataques políticos sin sustento. Prieto negó las versiones y las atribuyó a un conflicto personal y a una campaña de desprestigio en su contra.
Hasta el momento, el proceso relacionado con las obligaciones alimentarias continúa siendo motivo de disputa entre ambas partes y no existe una resolución definitiva que confirme los señalamientos en los términos denunciados por la activista.
