La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch y a las fiscalías generales de las 32 entidades del país, a elevar sus capacidades de investigación y persecución penal contra el delito de extorsión.

De acuerdo con el dictamen aprobado, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las denuncias por extorsión en el país aumentaron de 8 mil 734 casos en 2019, a 10 mil 227 en 2024, y en 2025 se reportaron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta en los últimos 10 años, con un incremento superior al 26% respecto a los niveles de 2019.

Lo anterior sin considerar la cifra negra de ese delito, que es considerablemente elevada por el miedo a represalias y la percepción de impunidad.

“La extorsión afecta directamente la seguridad, el patrimonio y la libertad de millones de mexicanos, constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico y el empleo, y socava la confianza ciudadana en las instituciones”, reconoció el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, a propuesta del diputado priista Rubén Moreira.

Por ello, el Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con las fiscalías y autoridades de seguridad pública de las 32 entidades federativas, a continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, atención y combate al delito de extorsión, particularmente en aquellas regiones del país que registran mayores índices de incidencia de este ilícito.

Las cámaras del Congreso de la Unión tienen como pendiente a partir de septiembre, emitir una legislación en materia de combate a la extorsión y cobro de piso.