De acuerdo con el documento «Estudios Económicos de la OCDE: México 2026», la estabilidad de la economía mexicana se mantiene «a pesar de la mayor incertidumbre y las barreras comerciales»; Sin embargo, su crecimiento «sigue siendo modesto y dos décadas de lento crecimiento económico y de la productividad resaltan la necesidad de reformas».

La OCDE destaca que esta necesidad se acentuó «tras el fuerte aumento del déficit en 2024», último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y que las reformas deberían orientarse hacia «una consolidación fiscal constante y gradual»; es decir, requiere de tomar medidas políticas y económicas para reducir el déficit presupuestario y la deuda pública.

Esto le permitiría, fortalecer las finanzas públicas, mejorar la estabilidad macroeconómica y garantizar la sostenibilidad. A su vez, disponer de «mayores ingresos y un gasto mejor focalizado» permitiría hacer «inversiones clave en educación, digitalización, transición verde y seguridad».

De acuerdo con el documento de la OCDE «fortalecer la gobernanza y las instituciones independientes es esencial para impulsar el crecimiento y la productividad», lo cual «sigue siendo un desafío de larga data en México».

La organización destaca que «el débil estado de derecho, la corrupción, la incertidumbre regulatoria y los altos niveles de delincuencia pueden afectar considerablemente la inversión y el dinamismo económico».

Con respecto al fortalecimiento del estado de derecho y la eficacia judicial, que mejorarían el cumplimiento de los contratos y la confianza de los inversionistas, la OCDE borda el tema de las reformas recientes al poder judicial y a los reguladores del sector.

«La reforma de México no tiene precedentes a nivel mundial, ya que es el único país que elige a todos los jueces mediante voto popular, lo que implica un riesgo de socavar la imparcialidad judicial», señala el documento tras destacar que la participación electoral en esos comicios fue del 13 por ciento.

«Según varios observadores nacionales e internacionales se añade, un proceso electoral sin salvaguardas claras contra las campañas políticas o el respaldo partidista podría exponer al poder judicial a una mayor influencia política», lo cual podría desalentar la inversión.

El documento destaca además que muchos de los jueces recién elegidos «carecen de experiencia judicial previa significativa y se enfrenten a una curva de aprendizaje pronunciada, lo que ralentizaría el funcionamiento del poder judicial» y sugiere que para mitigar estos riesgos, «se podrían implementar programas de capacitación integrales y oportunos».

Entre los «mensajes clave» del documento de la OCDE, que se presenta este jueves en conferencia de prensa, se señala que el «desarrollo de capacidades es clave para reducir la informalidad laboral, dado el fuerte vínculo entre el bajo nivel educativo y el trabajo informal».

Además se anota que «ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil y de adultos mayores reduciría las barreras que empujan a muchas mujeres a empleos informales o a abandonar la fuerza laboral».

La OCDE añade que «garantizar que más estudiantes finalicen la educación secundaria es una prioridad fundamental, lo que requiere la identificación temprana de quienes corren el riesgo de abandonar la escuela y un apoyo específico».

Señala también que una mejor armonización de la educación con las necesidades del mercado laboral, tanto a través de programas de formación profesional dual como en la universidad, también ampliaría el acceso a empleos formales.

La OCDE señala que México es altamente vulnerable al cambio climático, pero destaca que «está retomando sus esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que requerirá liberar su considerable potencial en energías renovables.

También señala la necesidad de avanzar en la transformación digital, la cual «presenta importantes oportunidades para impulsar la productividad y el empleo, y es un pilar central del Plan México, la agenda del gobierno para estimular la inversión».

«Para alcanzar su potencial, México necesita asegurar una regulación sólida y procompetitiva en el sector de las telecomunicaciones, garantizar la independencia de los reguladores e impulsar el gobierno digital para ampliar la cobertura, fomentar la innovación y mejorar la prestación de servicios».