Juan Manuel Iglesias, sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, denunció que autoridades federales le habrían condicionado el pago de una indemnización a cambio de retirar la denuncia penal que interpuso y prescindir de sus abogados.

El accidente dejó 14 personas fallecidas y más de 100 heridas. Iglesias viajaba en el primer vagón cuando el tren se salió de las vías y cayó a un precipicio, resultando con lesiones de consideración.
En declaraciones públicas, el afectado afirmó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le ofreció poco más de un millón de pesos como reparación del daño. Sin embargo, sostuvo que funcionarios le pidieron negociar sin la intervención de su representación legal.

“Haz a un lado a tus abogados y lo hacemos nosotros”, relató que le dijeron durante una reunión realizada el pasado 16 de febrero. Según su versión, el planteamiento implicaba alcanzar un acuerdo directo con autoridades, lo que él interpretó como un intento de limitar su defensa jurídica.

Posteriormente, Iglesias acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, donde dijo le confirmaron que tanto él como su familia tienen el carácter de víctimas dentro de la carpeta de investigación abierta por el siniestro. También solicitó copias del expediente, aunque expresó sentirse revictimizado al tener que gestionar personalmente los trámites.

Contador de profesión, Iglesias participaba junto con su familia en una misión religiosa en Oaxaca cuando ocurrió el descarrilamiento. Aclaró que no habla en representación de ninguna postura política, sino como afectado directo. “Soy la víctima que una vez más pide a gritos justicia”, manifestó, al reiterar su exigencia de que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se garantice una reparación integral del daño.