En la comparecencia ante diputados de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Samuel Palma César preguntó a la funcionaria cómo puede avalar la destrucción de manglares, humedales y selva que provocó la construcción del Tren Maya.
“Un análisis satelital documenta que al menos seis mil 659 hectáreas han sido deforestadas directamente por obras del Tren Maya, y que de las cerca de 10 mil 831 hectáreas ocupadas para instalaciones, vías, accesos y obra auxiliar, el 61% careció del debido permiso de cambio de uso del suelo forestal”, subrayó.
Palma César agregó que “en el Tramo 5, Cancún-Tulum, ya se han talado más de 3.5 millones de árboles y en el Tramo 6, Tulum-Chetumal, otros 2.6 millones más”, esto, durante la comparecencia de la funcionaria federal ante la Comisión de Medio Ambiente, la cual se adelantó tres días.
Bárcena Ibarra respondió que “como usted sabe, llegamos el 1 de octubre del 2024 y ya estaba el Tren Maya. Por lo tanto, no es de que nosotros podamos decir ‘no queremos al Tren Maya’, ahí está”.
Aclaró que regularizar la obra del Tren Maya significa ponerle también una serie de condicionantes, y «eso es lo que nos hemos dedicado nosotros. Tenemos un grupo interinstitucional formado por la Semarnat, la Profepa y el Tren Maya, que nos reunimos semanalmente para darle seguimiento a cada tramo para ver cuáles son los permisos que le faltan, las condicionantes que no han cumplido y las acciones que deben de tomar”.
“Nosotros hemos cuantificado, por ejemplo, como usted lo ha hecho muy bien, cuantificar cuántas son las áreas de reforestación que se deben hacer para compensar las obras del Tren Maya. Y, por lo tanto, nosotros sí estamos trabajando en, por un lado, regularizar las obras que se han hecho en materia de impacto ambiental, 45% en materia de cambio de uso del suelo, y proponer y lograr y presionar para que se cumpla el 95% de las condicionantes de impacto ambiental”, aclaró.
Federico Döring , diputado del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó a la funcionaria sobre la minuta que reforma la Ley de Amparo y cuestionó: “¿cuál es su postura? Usted sabe que por la trayectoria que la respalda, que los principales promoventes de amparos de interés legítimo y colectivos, son los ambientalistas, como aquellos que defendieron la depredación que provocó el Tren Maya”.
Döring Casar enfatizó que son “los mismos que requieren que no se aplique el artículo 5 del documento aprobado en el Senado, porque deben tener cientos de miles de pesos para acompañarlo con un dictamen pericial y que no les pueden ayudar bajo la falta de interés jurídico”. “¿Va a estar apoltronada con el poder político para arrebatarle un derecho más a los mexicanos?”, insistió en otro tono el diputado del PAN.
Sin rodeos, la titular de la Semarnat considero “que es muy importante que esta Ley de Amparo, si bien tenga las modificaciones que se proponen. Porque ni duda cabe que va a ser mejor en muchos aspectos, también podemos, creo yo, que debe de tener un beneficio cierto”.
“Y eso me parece que todavía no está concluida esa discusión”, respondió, el propio Döring comentó a Latinus posteriormente que es la primera funcionaria federal que no evade la respuesta.
Bárcena Ibarra añadió que “desde luego la Suprema Corte también puede interpretarla a favor de los defensores del ambiente, porque también ha defendido otro de los temas que ha surgido aquí, que es la minería a cielo abierto y que creo que para nosotros sí es un tema que estamos debatiendo”.
“La propia presidenta ha dicho que a ella no le convencen los proyectos de minería a cielo abierto y que, en todo caso, si hay algún proyecto que se esté planteando, ella lo quiere revisar personalmente”, indicó.
Bárcena Ibarra resaltó que “somos los primeros que tenemos un compromiso para darle acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación ciudadana, porque somos parte del Acuerdo de Escazú. Y el acuerdo de Escazú justamente es el único acuerdo a nivel internacional que protege a los defensores ambientales, es el único”.
“Por lo tanto, cuando usted me habla del interés legítimo y de si se va a dar o no curso a los intereses difusos, porque en el fondo el medio ambiente forma parte de intereses difusos, pues yo les diría que la palabra la tienen ustedes”, remató.
