La resolución de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se pronunció de fondo sobre la autenticidad de los videos en los que se observó a Pío López Obrador recibir sobres con dinero de parte de David León, excomisionado nacional de Protección Civil.

Con base en un proyecto de la magistrada Mónica Soto, el Tribunal ratificó el cierre de la indagatoria contra Pío López y Morena por presunto financiamiento ilícito, con base en el expediente de las indagatorias llevadas a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Es decir, el Tribunal no hizo una prueba propia de los videos ni validó la versión de la Fiscalía General de la República (FGR) en el sentido de que los videos difundidos no presentan una secuencia de imagen cronológica, como argumentó este jueves Pío López en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

Si bien el proyecto aprobado por el Tribunal integró el argumento de la FGR, su resolución señaló que los videos carecían de fuerza probatoria suficiente para demostrar la existencia de un financiamiento paralelo a Morena, consistente en aportaciones en efectivo.

Es decir, el Tribunal no valoró si las videograciones son auténticas, únicamente que no son suficientes como medios de prueba.

“Respecto de tales documentales, la responsable determinó que, de su adminiculación y aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia no podían aportar mayor valor indiciario leve porque solo dan cuenta de la opinión de quien emite las notas sin que exista certeza sobre las infracciones denunciadas”, señaló el documento.

En el fallo de ayer en el Tribunal no hubo pronunciamiento de los magistrados electorales sobre el tema, a diferencia de la sesión del INE del 21 de agosto del año pasado, cuando algunos consejeros señalaron que si bien los videos no pudieran ser tomados como prueba, lo que ahí se ve y escucha habla de hecho probatorio.

“Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. Muchos miramos y escuchamos y vimos el diálogo por medio de una prueba técnica que deja en evidencia un hecho”, aseveró aquel día el consejero Jaime Rivera.

La resolución de la Sala Superior del TEPJF tampoco se pronunció de fondo sobre la falta de colaboración mayor que tuvo el INE para resolver este caso, de parte de autoridades fiscales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como autoridades jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México.

El INE abrió el 21 de agosto de 2020 un procedimiento administrativo sancionador a raíz de una denuncia que presentó el panista Federico Doring en contra de Morena por presunto financiamiento ilícito a través de aportaciones recibidas por Pío López Obrador.

Desde el 2022, consejeros del INE denunciaron la falta de colaboración de autoridades para resolver este caso. “Nos enfrentamos a obstáculos desde instituciones del propio Estado mexicano. Lamentable”, dijo el 26 de mayo del 2022 el entonces consejero Ciro Murayama Rendón.

Previamente, el 25 de enero del 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó entregar al INE información sobre la investigación que inició contra Pío López Obrador, David León Romero y Morena.

Ello llevó a que el 20 de abril de ese año, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, cercana a Morena, concedió la suspensión a la Fiscalía para que no entregara las carpetas de investigación.

El 21 de junio del 2022, el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Gabriel Fierro Susano, ordenó al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), José Agustín Ortiz Pinchetti, que precisara si ejercería o no acción penal contra Pío López Obrador.

Incluso, en octubre de 2022, Pío López Obrador, promovió un amparo en contra de la instrucción del entonces Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para que la Fiscalía General de la República (FGR) publicitara las seis carpetas de investigación que inició en su contra por presuntos delitos electorales.