Diputados de la denominada 4T presentaron reservas para realizar 18 cambios a la Ley General de Aguas para incrementar las penas de ocho hasta 14 años de prisión a servidores públicos que otorguen concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o títulos a cambio de un beneficio.

Esta reserva, presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aclara que la sanción incluye al cónyuge, parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, además de parientes por afinidad hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales.

“Considera socios o sociedades de las que la persona servidora pública o la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte”, establece uno de los cambios, que se suman a 56 más a la iniciativa presidencial.

En el transitorio quinto se establece que la Comisión Nacional del Agua presentará un programa de regularización respecto de las obras en zonas de libre alumbramiento o pozos en el actual Registro Público de Derechos de Agua.

Se agrega que “en la emisión de los lineamientos, se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento del agua”.

En cuanto al artículo 22 sobre los derechos amparados en las concesiones y asignaciones, no serán objeto de transmisión.

Se añade que los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles y derechos sucesorios, se reasignarán de conformidad con el artículo 37 Bis 1 de esta ley”.

Además, se modifica el párrafo que en el dictamen dice que la autoridad del agua podrá reasignar los volúmenes a través de procedimientos ordinarios o expeditos, en términos de lo establecido por esta ley y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en cuyos casos se emitirá un nuevo título de concesión o asignación.

Este párrafo se modifica por “la autoridad del agua reasignará volúmenes a través de procedimientos…”.

También se modifica el inciso I del artículo 15 de la ley en cuanto al Programa Nacional Hídrico aprobado por el Ejecutivo Federal, cuya responsabilidad será responsabilidad de la comisión en los términos de esta legislación.

“Dicho programa se actualizará y mejorará periódicamente conforme a criterios y directrices sociales, ambientales y económicos que garanticen la equidad en el acceso al agua, la integridad de los ecosistemas generadores de agua y la sustentabilidad de los procesos involucrados”, indica.

Además, se añade «privilegiando en todo momento el cumplimiento del derecho humano de acceso al agua y al saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y equitativa, así como su interdependencia con otros derechos humanos asociados”.

En el artículo 12 Bis 2 inciso V se modifica para “expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga en términos del Reglamento Interior de la comisión”.